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José Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué compro y qué me vende, señor ministro?

WertJosé Carlos Bermejo Barrera: ¿Qué compro y qué me vende, señor ministro?
Tasas, mentiras y el deshaucio de la Universidad Pública

Por poco que nos asomemos a los medios de comunicación, sea cual sea su tipo, en todas partes nos encontramos con un lema: existen los mercados. Y esos mercados se rigen por leyes casi físicas, como la ley de la gravedad que explica el movimiento de los planetas, unas leyes que estudian con primor las agencias de calificación de riesgos, que periódicamente vaticinan las más o menos inminentes quiebras de algunos países. Dichas agencias, que no fueron capaces de prever el estallido de la burbuja financiera, son capaces de poner de rodillas a la mayor parte de los gobiernos, en tanto que disfrutan de la credibilidad de esos mismos gobiernos y de casi todos los partidos políticos europeos, que están dispuestos a diseñar sus políticas económicas al albur de sus recomendaciones y de sus amenazas.

Una agencia de calificación de riesgos es una empresa privada que analiza las rentabilidades futuras de las inversiones financieras en todo el mundo a un plazo corto o medio. Las agencias de calificación asesoran a los inversores cosmopolitas que invierten su dinero en cualquier parte del mundo, en lo que sea, a condición de que les proporcione una alta rentabilidad. No importa que se trate de compraventa de moneda, de deuda pública, o de todo tipo de acciones y bonos, sean sanos o tóxicos, mientras sean rentables. Las agencias de calificación son una parte esencial del llamado capitalismo de casino, en el que la economía financiera especulativa asfixia a la economía productiva, al consumo, intentando acaparar los beneficios del capital de la forma más rápida y eficaz posible.

Se dice que, como la economía la rigen esos mercados (los financieros, porque la economía solo es inversión de capital), los mercados necesitan confianza, seguridad. Hay que tener tranquilos y contentos a los mercados y diseñar las políticas nacionales en ese sentido. De tal modo que los especuladores financieros internacionales y los grandes bancos – responsables de la crisis financiera – compren la deuda pública de unos estados que reflotaron a esos mismos bancos cuando hizo falta, para que se lucren de los intereses de la deuda que esos mismos estados les venden, con los que los estados se endeudan, desviando cada vez más sus recursos a la emisión de deuda pública y al pago de los intereses de esa misma deuda, a costa de cualquier otro tipo de gasto: social, productivo, sanitario, educativo…

Una de las últimas consecuencias de la necesidad de aplacar la ira de los mercados por parte del gobierno español, aunque quizás no sea la más grave, ha sido la subida de las tasas académicas, llevada a cabo bajo un lema económico muy sencillo: quien compra algo debe pagarlo, y consecuentemente si la educación universitaria tiene un coste deberá pagarlo en su totalidad o en parte quien la adquiere, puesto que, dado que el consumo de la educación superior está reservado a unos pocos ciudadanos, sufragarla totalmente a costa del erario público sería discrimatorio para todos los demás, tal y como ha señalado J.J. Dolado (Dolado, 2010) en un documento presentado por la Fundación Alternativas y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso a finales del año 2010.

De acuerdo con este autor y los demás responsables de este estudio sufragado por el PSOE, cuyas ideas sobre la educación superior son idénticas a las del PP, aunque ahora en la oposición intente ocultarlo, hay que conseguir el objetivo de cubrir el coste real de la educación superior con la matrícula o las becas y los préstamos bancarios, que son esencialmente democráticos, según el coordinador socialista de este libro, Daniel Peña (Peña, 2010, p.14), ya que todo el mundo puede pedirlos, aunque unos puedan pagarlos mejor que otros y algunos de ninguna manera.

Hay pues un acuerdo en lo fundamental entre el PSOE, el PP, y la mayoría de los partidos en este sentido y se establece a base simplemente de repetir que el coste real de cada alumno universitario español anualmente es de 6.000 euros, lo que se calcula diviendo el coste total de las universidades públicas por el número de sus alumnos.

Este cálculo es una falacia, ya que si nos situásemos en la perspectiva de los mercados académicos habría que ver qué es lo que el alumno compra realmente y cuál es su precio. Veámoslo.

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Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo
BOE, Núm. 96 Sábado 21 de abril de 2012

En la actual coyuntura económica se hace necesario mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas en el uso de los recursos públicos, con objeto de contribuir a la consecución del inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivado del marco constitucional y de la Unión Europea.

En materia de educación, el objetivo común perseguido es proporcionar a las Administraciones educativas un conjunto de instrumentos que permitan conjugar los irrenunciables objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su ineludible reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público.

Las medidas propuestas afectan a todos los niveles educativos (universitarios y no universitarios) y combinan medidas de carácter excepcional, cuya aplicación se justifica por la actual coyuntura económica, con otras de carácter estructural que introducen novedades que contribuirán decisivamente a mejorar de forma permanente la eficiencia del sistema educativo español.

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Galicia: Feijóo insta a los rectores a subir las tasas si necesitan más recursos

Galicia: Feijóo insta a los rectores a subir las tasas si necesitan más recursos
El presidente aboga por ir adaptando el precio “al coste real de la matrícula”
“Los rectores deben decidir si pueden seguir subsistiendo sin necesidad de más recursos. Si no los necesitan, será su responsabilidad”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicitó ayer su idea de cómo se debe financiar la educación universitaria. Abogó directamente por “aprovechar para ir equiparando las tasas al coste real de las matrículas universitarias”. Preguntado sobre la idea del Gobierno de encarecer el acceso a una carrera, Feijóo hizo ver que la financiación adicional que vienen reclamando los rectores debe salir del bolsillo de los alumnos y no del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. Sus palabras sonaron como un ultimátum a las universidades gallegas. “Los rectores deben decidir si pueden seguir subsistiendo sin necesidad de más recursos. Si no los necesitan, será su responsabilidad”, advirtió.

Y luego lanzó un mensaje a los universitarios que repiten curso: “Les recomiendo que estudien siempre que pueden, si no las matrículas serán más caras”. Todo venía a cuenta de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros. Feijóo llama ahora “solución más responsable desde el punto de vista social y financiero en el peor escenario posible” al tijeretazo del Gobierno central. Nada parecido a lo que decía cuando era Zapatero quien proponía recortes en política social, cuando incluso se permitía calcular el gasto de lo que se quitaba a Galicia y teorizar sobre si las medidas del anterior Ejecutivo socialista eran los mayores recortes de la democracia española o una forma de meter la mano en el bolsillo a los gallegos.

Lejos de aquello, tanto el encarecimiento del copago farmacéutico, el cobro a los pensionistas por las medicinas y la subida de las tasas universitarias a los alumnos encuentran ahora justificación en el presidente gallego. Ayer afirmó que “España es una de las naciones europeas con la situación económica más deteriorada y sin embargo será una de las pocas que no cobrará por asistencia médica”. Cifró entre 8 y 18 euros el coste adicional de las medicinas para los jubilados cada mes y entendió que la medida “no agrade a los pensionistas, igual que no le agrada a los responsables políticos” ponerla sobre la mesa.

La Xunta no esconde que la propuesta de incrementar el copago por los fármacos parte del propio Gobierno gallego. No en vano la secretaría general del Ministerio es la que hasta enero ocupaba el cargo de conselleira en Galicia, Pilar Farjas. El presidente glosó ayer sus medidas para “garantizar la viabilidad del sistema de salud”. Y reiteró como el otro día ya hizo Ana Mato que “no se trata de recaudar más sino de desincentivar el consumo de fármacos”. Explicó que los 2,7 millones de gallegos retiraron 67 millones de medicinas con receta en el año 2010 y alertó sobre bolsas de ineficiencia en el caso de los jubilados que utilizan once recetas más de media que los “ciudadanos activos”. Esa “bolsa de ineficiencia” es la que Xunta y Ministerio pretenden atajar con estas medidas preventivas.

Su filosofía sobre el futuro de los servicios sociales la esgrimió el presidente tras la reunión semanal de su Gobierno. El Consello dio para que la Xunta aprobase un registro de comercios, “el primero que hay en Galicia”, se felicitó el jefe del Ejecutivo y para que solicitase la reunión de la Comisión Bilateral Xunta-Estado para buscar una salida al decreto que deja sin primas las energías renovables y dentro de ellas el sector eólico. Desde Galicia se reclama a Madrid que incentiven los parques gallegos capaces de aprovechar más de 2.600 horas de viento al año, lo que garantiza su eficacia.

En su comparecencia también hizo balance de su viaje a Argentina, vendió como un logro haber conseguido que Mariano Rajoy y Felipe Calderón hubieran incluido en sus reuniones la negociación de la petrolera Pemex con astilleros gallegos para renovar su flota. Pidió entre seis y ocho semanas para anunciar un posible acuerdo sobre el que se mostro optimista. Evitó dar pistas sobre la cuantía de la operación, el número de empleos que podría conllevar.

El País, 21/04/12

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